La Unidad Fiscal Santa Fe y la PROTEX formalizaron la acusación contra un hombre de 25 años por trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. La investigación reveló condiciones inhumanas de vida y trabajo en un establecimiento de la localidad de Arroyo Leyes. El Ministerio Público Fiscal solicitará una pena de 8 años de prisión.
La Unidad Fiscal Santa Fe y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentaron formalmente la acusación contra un productor rural de 25 años, identificado con las iniciales F.A.P., por el delito de trata de personas con fines de reducción a la servidumbre. El escrito judicial considera el hecho como “agravado por el abuso de la situación de vulnerabilidad, la cantidad de víctimas y la consumación de la finalidad”.
La imputación se originó a partir de la detección, en octubre del año pasado, de 20 personas que eran sometidas a condiciones de vida y trabajo inhumanas en un campo de cultivo de frutillas ubicado en la localidad santafesina de Arroyo Leyes, sobre la ruta provincial N°1, a unos 22 kilómetros de la ciudad de Santa Fe.
Según la investigación, la mayoría de las víctimas provenía de la provincia de Chaco, principalmente de las localidades de San Bernardo y La Clotilde, y había sido captada mediante promesas laborales que luego no se cumplieron. El acusado financiaba los pasajes de los trabajadores y descontaba esos montos de los salarios, generando así un sistema de endeudamiento inducido.
La pesquisa determinó que los trabajadores dormían en galpones o construcciones improvisadas, con techos de chapa, piso de tierra y cajones de madera utilizados como camas. El lugar carecía de instalaciones sanitarias adecuadas y de acceso regular a agua potable. Según la fiscalía, las personas debían higienizarse en zonas de monte con baldes y consumir agua almacenada en bidones de agroquímicos.
Las jornadas laborales comenzaban alrededor de las 3 de la madrugada y se extendían por más de doce horas, de lunes a lunes, sin descansos, con remuneraciones por debajo de los mínimos legales. Uno de los testimonios incluidos en la acusación describe esa dinámica: “De lunes a lunes trabajamos. Entramos a laburar a las 3 de la mañana, salíamos a las 11. De las 11, comíamos algo un ratito, ya teníamos que entrar otra vez a las 7 de la tarde. Hasta que baje el sol, ¿viste? Y resulta otra vez a la madrugada. Teníamos que hacer todos los días así, así, así. Y el cuerpo no da más”.
La investigación preparatoria se inició el 17 de septiembre de 2025 a partir de la denuncia de tres víctimas en una comisaría local. El 1° de octubre se realizó un allanamiento en el campo, ubicado en el kilómetro 17,5 de la Ruta Provincial 1, donde se identificó a 42 trabajadores que se sumaron a los tres denunciantes iniciales. Si bien en esa instancia se contabilizaron 45 personas como presuntas víctimas, la acusación finalmente se enfocó en 20 de ellas a partir de los testimonios recabados.
Durante el allanamiento, los fiscales secuestraron más de 10 millones de pesos en efectivo, 4.205 dólares, 12 armas de fuego de distintos calibres y documentación que registraba descuentos aplicados a los trabajadores por insumos básicos, como linternas para las tareas nocturnas. También se incautó una camioneta Volkswagen Amarok, cuya titularidad corresponde al imputado, que según la fiscalía era utilizada como instrumento para la comisión del delito. El Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de los bienes secuestrados.
En la presentación, los fiscales sostuvieron que “el caso se inscribe dentro de una modalidad delictiva particularmente lesiva, como lo es la trata de personas con fines de reducción a servidumbre, fenómeno criminal que constituye una de las manifestaciones contemporáneas más severas de vulneración de los derechos fundamentales”.
La acusación por escrito constituye el paso previo a la audiencia de control de la acusación, en la que se definirá si el proceso avanza a la etapa de juicio oral ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe. El Ministerio Público Fiscal también impulsó medidas de reparación para las víctimas y requirió la imposición de las costas del proceso al acusado. El caso cuenta con la intervención de programas estatales de asistencia para el acompañamiento psicológico y social de las víctimas.