El gobierno de Javier Milei está llevando adelante -y sin freno- su promesa de campaña: aplicar el plan motosierra; y así, a través del ajuste “más grande del que se tenga registro”, según dice con orgullo el Presidente, poder llegar al déficit fiscal. Sin embargo, en medio de ese ajuste hay quienes aseguran no resistir el impacto, sobre todo quienes percibieron en sus facturas de electricidad, agua y gas, fuertes aumentos en los últimos meses.
Parte del programa económico mileista fue terminar con los subsidios a los servicios, y en ese sentido, las boletas en los comercios y pymes industriales llegaron con severas subas. En el caso de la electricidad superan el 300%, en el agua 210% y en el gas 799%.
Por ejemplo, según cálculos de la consultora Economía y Energía (EyE), un pequeño comercio que consume alrededor de 212 kWh pasó de pagar una boleta promedio de $8.100 a $39.500 por mes (389%), en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Mientras que un comercio grande, en tanto, que consume 3.900 kWh, pasó de pagar $150.000 a $590.000, lo que representa un aumento de 293%.
En ese contexto, varios grupos empresarios han advertido que para poder “sobrevivir”, las subas en las boletas de los servicios se traducen en el traslado de precios al consumidor. Es decir, mayor impacto inflacionario para el bolsillo de los consumidores.
Respecto a esta problemática, un grupo de diputados nacionales presentó un proyecto para aminorar el impacto del plan motosierra en los comercios y pymes, el que propone reducir el IVA en las boletas de los servicios.
Menos IVA para comercios y pymes
La iniciativa fue presentada en las últimas horas por el diputado nacional cordobés Luis Picat (UCR), con el acompañamiento de varios legisladores del radicalismo.
Proponen que el Gobierno reduzca en un 25% la alícuota del IVA para las ventas de gas, energía eléctrica y agua reguladas por medidor
“Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional que en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley 23.349, reduzca en un 25 % la alícuota del Impuesto al Valor Agregado para las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor para los usuarios establecidos en el segundo párrafo del artículo 28 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado texto ordenado en 1997 y sus modificatorias”, describe el proyecto de resolución.
En otras palabras, los radicales proponen que el Gobierno nacional reduzca en un 25% la alícuota del IVA para las ventas de gas, energía eléctrica y agua reguladas por medidor; a los fines de disminuir la brecha de precios entre la generación y el precio que pagan en su factura los comercios y las pymes.
Justamente, esa suba en las boletas de los servicios en los comercios se da en medio de una fuerte caída del consumo. Según datos del INDEC y de consultoras privadas, casi todos los rubros se derrumbaron. Por ejemplo, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), las ventas minoristas pyme cayeron 28,5% interanual en enero y 25,5% en febrero, números que preocupan al sector y que ahora deben sumarle el impacto en las tarifas.
Con ese escenario, el radicalismo cree pertinente que su proyecto sea considerado por el Ejecutivo, y si bien aclaran que el Gobierno de Javier Milei “tomó la decisión correcta” en un contexto de atraso tarifario y “desarmó la estructura de subsidios relacionados con servicios como la energía eléctrica, el gas o el agua corriente con un importante impacto fiscal positivo”, alegan que se volvió un costo “asfixiante” para los comerciantes, que muchos de ellos no pueden ni siquiera costear.
“Esta disposición del Gobierno trajo como correlato natural una suba importante del valor de las facturas, al transferirse el costo económico real y efectivo del servicio. Entonces, esto provocó que el impacto de la carga tributaria en el valor de la factura se vuelva más visible y enormemente asfixiante para los comercios y las pymes”, argumentó Luis Picat, autor de la iniciativa.
Modificar la estructura tributaria
Como fundamento del proyecto presentado, los diputados nacionales explicaron que en la Argentina la estructura tributaria recae sobre impuestos indirectos, la cual en el caso de los servicios se compone, en su esencia, de IVA a nivel nacional, Impuesto a los Ingresos Brutos provincial, y tasas municipales generales y específicas. Por ello, alegan que es una solución reducir el IVA a los comercios y pymes, ya que muchos de ellos analizan incluso cerrar sus puertas por no poder afrontar los costos.
Un pequeño comercio que consume alrededor de 212 kWh pasó de pagar una boleta promedio de $8.100 a $39.500 por mes
“Los impuestos que forman parte de la tarifa final pueden llegar a representar, en los casos de mayor incidencia, más de un tercio de la cifra a pagar y en el caso de los usuarios comerciales y pymes estos costos no solo pueden provocar el cierre de comercios, sino que tienen inevitablemente que ser transferidos a la ciudadanía”, describió el diputado Picat.
En ese sentido, consideró que si se logra reducir la carga impositiva que pesa sobre los comercios y producción nacional, “estaremos preservando el actual entramado comercial, colaborando con la reducción de los niveles de inflación e impulsando la estabilización y el sano desarrollo de nuestra economía”, dijo.
En esa misma línea, aclaró que esa baja del IVA que propone en su proyecto, no afecta en la recaudación de las arcas públicas. “Si la carga tributaria indirecta baja, el aumento porcentual de la factura será menor al aumento de la tarifa, provocando un esfuerzo menor por parte de la ciudadanía, mientras que el Estado Nacional continuará recibiendo los mismos ingresos que está percibiendo en la actualidad“, explicó.
Por último, en los fundamentos del proyecto hacen un llamado a la reflexión directa al Gobierno, respecto de los esfuerzos que realizan los ciudadanos comunes, que no condicen con las muestras de cambios por parte del Estado.
“La exigencia de un sacrificio al conjunto de nuestros comercios y sistema productivo no debe realizarse sin un gesto de igual significancia por parte del Estado, reducir este tipo de tributos libera recursos y es una manera eficaz de aumentar ingresos de la población”, reza el proyecto.
Un proyecto similar pero para las instituciones educativas
Cabe destacar que a finales de abril un grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto similar pero enfocado en favorecer a las instituciones educativas.
El proyecto lo impulsa el diputado nacional kirchnerista Eduardo Valdés, quien propuso que todas las escuelas públicas del país, tanto de gestión estatal cómo de gestión privada, cuenten con una tarifa diferencial de gas, energía eléctrica y agua.
Su argumento es el mismo que el del radicalismo con los comercios y pymes: las escuelas no pueden afrontar el impacto del tarifazo.
En ese sentido, además de proponer una tarifa diferencial, busca prohibir los cortes de los servicios de gas, agua y luz en las instituciones educativas.
“Los aumentos que implementó el gobierno vulneran muchos derechos, entre ellos y fundamentalmente el derecho a la educación. Buscamos generar un alivio a un sector fundamental para la vida de nuestra sociedad. Estos aumentos repercuten directamente en el valor de la cuota que deben afrontar las familias o bien en el cierre de numerosos establecimientos”, dijo Valdés, diputado autor de la iniciativa.