Lucas Adrián Gómez, miembro de la División Servicio Especial Autopista de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, fue detenido este viernes acusado del delito de “homicidio agravado”, cometido contra el joven de veinte años Juan Cruz Leal en la localidad bonaerense de Ituzaingó. El mismo uniformado hirió de un balazo a Daniel Kuhne, también de veinte años , quien viajaba en moto junto a la víctima fatal.
Según las declaraciones del propio asesino, todo se desencadenó cuando “supuso” que intentaban asaltarlo cuando llegaba a su casa junto a su pareja, también en moto.
El crimen se produjo el jueves a la noche en el cruce de las calles Perdomo y Martín Rodríguez de Ituzaingó, cuando Gómez y su acompañante llegaban a su domicilio. Estaban de civil. Según su propio relato, en un momento vio que se acercaba otra moto. “Creí que se trataba de un intento de robo, frené la marcha y me identifiqué como policía”, habría dicho el asesino en su primera declaración. Efectuó, al menos, dos disparos con su pistola Thunder 9 milímetros.
Leal murió en la madrugada a raíz de la herida causada por un balazo en la ingle. Pese a los esfuerzos del personal del Hospital Bicentenario de Ituzaingó, falleció tras varias horas en estado crítico. En tanto que Kuhne fue herido por una bala que entró y salió de su zona pectoral lateral. Según información difundida desde el Hospital Posadas, se encuentra fuera de peligro.
Los trabajos periciales en la escena del crimen estuvieron a cargo de la Policía Bonaerense, otra fuerza especializada en ejecutar jóvenes “por las dudas”. Según información oficial, sobre la calzada se encontraron dos vainas servidas compatibles con el calibre 9 milímetros.
Hasta el momento, ni el entorno del asesino Gómez ni La Bonaerense pudieron hallar algún indicio de que los pibes tuvieran algo que ver con alguna conducta encuadrable en el Código Penal. Como si eso, además, pudiera justificar el accionar homicida del policía. Por el contrario, en su declaración ante el Poder Judicial, el sobreviviente Kuhne declaró que se dirigían junto a su amigo “a jugar un partido de fútbol cuando, a pocos metros, una moto frenó bruscamente y su conductor comenzó a disparar sin mediar palabra”.
El gatillo fácil policial es una tradición en todas las fuerzas represivas del Estado, sean federales, provinciales o comunales. Lo saben perfectamente millones de jóvenes de las barriadas populares de todo el país, el sector social más castigado por ese “deporte” practicado por los uniformados en cualquier lado y a cualquier hora.
Hasta el momento, tanto el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri como su ministro de “Seguridad”, el represor de los años 70 y excomisario Horacio Giménez, se mantienen en silencio respecto al caso que involucra a uno de sus subordinados de la fuerza que más acostumbra a apalear personas en situación de calle, golpear y gasear a jubilados y manifestantes y a disparar a cualquier persona a la que consideren “delincuente”.