Se le complica el panorama a Guillermo Francos en el Congreso. Luego de que el Poder Ejecutivo oficializara la Ley de emergencia en Discapacidad, para luego ponerla en suspenso y “devolvérsela” al Congreso –maniobra nunca vista al menos desde el retorno de la democracia—son cada vez más los bloques que impulsan la remoción del jefe de Gabinete.
Primero fue el bloque que conduce Miguel Ángel Pichetto el que impulsó una moción de censura contra Francos. Su impulsor fue el diputado Oscar Agost Carreño. ¿El motivo? Como jefe de Gabinete, debería reasignar partidas presupuestarias para la puesta en marcha de la ley que, luego de haber sido vetada por el presidente Javier Milei, el Congreso insistió.
Es por eso que, entre las causales, los diputados incluirían la nulidad e ilegalidad del decreto que oficializó la Emergencia en Discapacidad, la violación de la división de poderes del Estado, el incumplimiento en la asignación de partidas así como también, el incumplimiento de la Ley 24.156, entre otras.
Horas después, el flamante interbloque Coherencia y Desarrollo, que integran los ex libertarios del MID, además de Marcela Pagano y Lourdes Arrieta, entre otros diputados, impulsaron un proyecto similar al del bloque Encuentro Federal.
Este martes, cerca de las 11, los bloques de Unión por la Patria de Diputados y del Senado hicieron lo propio. Presentaron ambos proyectos de manera coordinada.
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De prosperar las iniciativas impulsadas por los distintos bloques, el ministro coordinador podría ser removido de su cargo. Para ello, se requiere del voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras. Es decir, 129 votos en Diputados y 37 en el Senado. De por sí, UP tiene 34 bancas en la Cámara alta. Mientras que en la baja, el bloque que conduce Germán Martínez reúne 98 legisladores. Si a eso se le suman los libertarios díscolos, el número trepa a 104. Más los firmantes del proyecto de Agost Carreño, el número se eleva a 110.
Emergencia en Discapacidad: qué hizo el Ejecutivo
Este lunes, el Boletín Oficial oficializó la ley que declara, hasta diciembre de 2026, la Emergencia en Discapacidad. Días atrás, la titular del Senado, Victoria Villarruel, le comunicara la insistencia a la Casa Rosada. Lo llamativo es que en el mismo decreto se especifica su comunicación al Congreso, “en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga”. En otras palabras, el Ejecutivo promulgó la ley, pero suspendió su implementación.
El artículo 5 de esa ley establece: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
La “devolución” de la ley llamó la atención. Sobre todo porque la iniciativa, en su artículo 19, establece su financiamiento. En concreto, se faculta al jefe de Gabinete a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. Al mismo tiempo, el artículo establece que las reestructuraciones presupuestarias “no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’.
Vale aclarar que Francos, en calidad de administrador del Estado, constantemente reestructura partidas presupuestarias. Sobre todo si se considera que, por segundo año consecutivo, Milei gobierna sin presupuesto.
“La manda genérica a realizar reasignaciones de partidas presupuestarias no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente conforme se exige por el precitado artículo 38 de la Ley N° 24.156″, reza el decreto que oficializó la ley de Emergencia en Discapacidad.