La Corte Suprema de Estados Unidos analiza una medida que busca modificar la interpretación de la Enmienda 14, poniendo en debate un principio constitucional vigente por más de un siglo.
La posibilidad de que Estados Unidos modifique la interpretación sobre la ciudadanía por nacimiento, vigente por más de un siglo, ha abierto un intenso debate judicial y político. La Corte Suprema se prepara para analizar la medida impulsada durante el gobierno de Donald Trump, mientras crecen las advertencias sobre las consecuencias prácticas de su implementación.
El eje central de la discusión gira en torno a la interpretación de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que todas las personas nacidas en territorio estadounidense y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos. Más allá del análisis histórico y legal, existe una preocupación creciente sobre cómo se aplicaría en la práctica una eventual eliminación de la ciudadanía automática por nacimiento.
Durante audiencias previas, el juez Brett Kavanaugh evidenció estas dudas con una serie de preguntas concretas dirigidas a representantes del gobierno. Interrogó si los hospitales deberían modificar sus procedimientos al registrar recién nacidos, si los estados tendrían nuevas obligaciones administrativas y, sobre todo, cómo se determinaría la ciudadanía en ausencia del certificado de nacimiento como prueba suficiente.
Las respuestas oficiales no lograron despejar las incertidumbres. Ante la presión de Kavanaugh, el procurador general John Sauer reconoció que los funcionarios federales tendrían que “resolverlo”, sin detallar un mecanismo claro. Desde distintos sectores se advirtió que modificar un principio constitucional arraigado durante generaciones podría generar un escenario de confusión masiva.
Jill Habig, directora ejecutiva de Public Rights Project, sostuvo que la política provocaría “una ola de confusión legal y caos”. El problema radicaría en que, actualmente, la mayoría de los sistemas para acreditar ciudadanía en Estados Unidos se basan en un único documento: el certificado de nacimiento. Si ese elemento deja de ser suficiente, millones de personas deberían aportar información adicional, especialmente sobre el estatus migratorio de sus padres.
La magnitud del desafío es significativa si se considera que cada año nacen más de 3,6 millones de bebés en Estados Unidos. Como señaló Kavanaugh, el sistema podría requerir verificaciones masivas sobre los padres de cada recién nacido, lo que plantea interrogantes sobre su viabilidad operativa.
El plan del expresidente Donald Trump busca limitar la ciudadanía automática para hijos de inmigrantes en situación irregular o con estatus temporal, con el objetivo de desalentar el llamado “turismo de nacimiento”. Sin embargo, sus críticos sostienen que el alcance de la medida sería mucho más amplio.
El cambio implicaría pasar de un modelo basado en el lugar de nacimiento (ius soli) a otro centrado en la ascendencia (ius sanguinis). Para los expertos, esto representaría una transformación radical del sistema estadounidense. El profesor Vikram Amar, especialista en derecho constitucional, explicó que este giro alteraría los fundamentos históricos del país, que tradicionalmente rechazó las ideas europeas basadas en linajes, apostando por un modelo inclusivo ligado al territorio.
El conflicto legal ya pasó por instancias inferiores. Tribunales federales bloquearon temporalmente la orden ejecutiva de Trump, tanto en demandas impulsadas por estados como en acciones colectivas. No obstante, la Corte Suprema decidió revisar el caso, lo que abre la puerta a un fallo definitivo. Se espera que la decisión llegue antes de finales de junio y podría tener implicancias históricas. A diferencia de instancias anteriores, en esta ocasión los jueces analizarán directamente la legalidad de la medida, no solo su aplicación temporal.