En un país donde las rutas muchas veces son escenario de tragedias evitables, los radares de velocidad —esos que despiertan amores y odios— volvieron a ser noticia. Esta vez, no por una polémica, sino por algo mucho más contundente: la Justicia los respaldó y confirmó su funcionamiento legal en la provincia de Buenos Aires y sus municipios.
Lejos de ser una simple herramienta recaudatoria, los cinemómetros —como se los denomina técnicamente— cumplen una función vital: prevenir siniestros viales y evitar muertes. Así lo demuestra una reciente resolución judicial, en la que tanto el fiscal federal de La Plata, Dr. Álvaro Garganta, como el juez de garantías Dr. Juan Pablo Masi, confirmaron que no existe ninguna medida que impida a la Provincia o a los municipios aplicar sanciones por exceso de velocidad detectadas por estos dispositivos.
La Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), organismo que provee parte de estos sistemas, entregó toda la documentación solicitada y demostró que cada equipo está habilitado bajo la normativa vigente.
Pero más allá del aspecto legal, hay algo que no siempre se dice: cada radar en funcionamiento es un freno a la imprudencia, una advertencia silenciosa que puede marcar la diferencia entre llegar o no a destino.
Una señal que salva
En un país donde cada día mueren en promedio 13 personas por siniestros viales, hablar de radares es hablar de vidas. Y ahora, con el aval de la Justicia, también es hablar de una tecnología que no solo multa, sino que educa, previene y, sobre todo, protege.