Mientras la Confederación de Sindicatos de la Industria de la República Argentina (CSIRA) y el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) afirmaron que entre noviembre 2023 y mayo 2025 se perdieron 98.736 trabajadores registrados del sector privado; la Unión Industrial Argentina (UIA) advirtió sobre el “costo argentino” y la necesidad de “nivelar la cancha” para que las empresas puedan competir globalmente. Por uno y otro lado, las partes cuestionaron -con diferente tono- el modelo económico del gobierno libertario.
La CSIRA, conformada por 36 sindicatos con casi 900.000 trabajadores afiliados en total, consiguió datos del 75 por ciento de las organizaciones consultadas, elaborando un informe titulado “Sin industria argentina, no hay empleo”, lo que permite establecer un cuadro de situación de empresas y gremios de la actividad.
Pesimismo de los sindicatos: cierre de empresas y caída de la producción
El estudio señala que el 83,3 por ciento de los sindicatos admitió que la situación general del sector empeoró durante el último trimestre del año en comparación con el anterior; en tanto que, el 70 por ciento ven un crecimiento en las suspensiones, los retiros voluntarios, los adelantos de vacaciones y los despidos. Concretamente, las cesantías crecieron en 7 de cada 10 gremios. Se detalla que el peor momento fue en julio de 2024, con 134.728 empleos privados perdidos.
El informe remarca que 1.482 empresas industriales y 1.669 empresas de la construcción bajaron sus persianas, lo que explica en gran parte la suba del desempleo y la fuerte caída de la actividad industrial.
El 70 por ciento de los consultados observa una baja en las ventas y la producción, estimando que las máquinas están funcionando al 50 por ciento; al tiempo que revelaron que ni las inversiones ni las exportaciones son variables para mejorar la situación económica.
Paritaria a la baja: no se cumplen los convenios colectivos
En cuanto a las paritarias, 9 de cada 10 gremios advierten que abrirán las negociaciones en caso de una devaluación. Las organizaciones se dividen entre los que pierden contra la inflación, un 32 por ciento; los que logran empatar, un 60 por ciento y los que superan la pauta inflacionaria, que son apenas el 5 por ciento.
Aseguran que, a partir de la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, las negociaciones se complicaron. Un 95 por ciento enumeró que se debe a la falta de previsibilidad, demora en la homologación de acuerdos y la resistencia empresarial. En este punto indican que se postergan temas fundamentales como capacitación, seguridad e higiene y actualización de categorías.
Justamente, la mayoría ve que no se cumplen los convenios colectivos de trabajo, con un marcado retroceso en las condiciones de trabajo: Recortes de horas extras, suspensiones, adelantos de vacaciones y retiros voluntarios a los que califican como “despidos encubiertos”.
Alertan que el empleo continúa “en retroceso”
Sobre la percepción económica, el 45,5 por ciento de las organizaciones prevé un empeoramiento en el próximo trimestre y ninguno espera mejoras. Entre las principales causas se encuentran: Pérdida del poder adquisitivo (62,5 por ciento), caída de la obra pública y acuerdo con el FMI (25 por ciento cada uno) y apertura importadora (12,5 por ciento) aparecen como las principales razones que afectarían la actividad.
Para los gremios industriales la destrucción de empleo es generalizada: el 73,9 por ciento de las empresas aplicó cesantías, la mayoría de hasta un 5 por ciento de su personal, en tanto que el 61 por ciento redujo turnos de producción y un 56,5 por ciento ofreció retiros voluntarios. El informe concluye que el empleo argentino continúa en retroceso, con la industria como epicentro de la crisis, y alerta sobre la combinación de despidos, cierre de empresas y negociaciones colectivas a la defensiva.
El relevamiento fue presentado cerca del mediodía en la conferencia de prensa que llevaron adelante la CSIRA en la sede del gremio de los Mecánicos (SMATA), con la presencia de su anfitrión, Ricardo Pignanelli, Abel Furlán (Metalúrgicos, UOM), Héctor Laplace (Obreros, Mineros, AOMA), Jun Speroni (Obreros Navales, SAON), Hugo Benítez (Obreros Textiles, AOT), Luis García Ortiz (Supervisores Metalmecánicos, ASIMRA) y José Minaberrigaray (Empleados Textiles, SETIA), entre otros; por el CEPA participó su director, Hernán Letcher.
Los empresarios industriales también tienen sus demandas
Por otra parte, en el marco del 17 Coloquio Industrial organizado por la Unión Industrial de Córdoba, el titular de la UIA, Martín Rappallini, destacó la necesidad de discutir seriamente qué significa una política industrial y manifestó que una política productiva “es todo lo que el Estado y la sociedad hacen para generar la competitividad” de las empresas industriales con el mundo, asegurando que “esta es la base: dar a la industria las condiciones para competir globalmente”.
Expresó que la industria argentina es un sector transable que compite a diario con el mundo. Sin embargo, indicó que las distorsiones internas se trasladan a los precios, lo que afecta la competitividad y sostuvo que “hoy la sociedad nos exige que los productos argentinos tengan la calidad y los precios de los productos internacionales.
Rappallini denunció que en Argentina no solo es costoso producir, sino también transportar, distribuir, vender y entregar; dio como ejemplo los productos importados terminan costando el doble que en la región, incluso con el mismo nivel de aranceles. Avisó que este problema estructural lo sufre especialmente la industria, que debe adaptarse a los estándares internacionales. Apuntó: “Nosotros queremos competir, pero en igualdad de condiciones. Lo que pedimos es que se nivele la cancha porque la industria quiere y sabe competir”.
El presidente de la UIA reveló su preocupación por tres cuestiones clave en el corto plazo:
- Falta de recuperación: Muchos sectores industriales aún no logran reactivarse.
- Niveles de tasas de interés: Las altas tasas dificultan la inversión y el financiamiento.
- Velocidad de la apertura económica: La apertura se está dando sin resolver antes las distorsiones estructurales.
Por esos motivos, solicitó al gobierno considerar las condiciones necesarias para que las empresas, que “han sabido adaptarse a lo largo del tiempo, puedan sobrellevar esta etapa y ser parte del nuevo escenario económico”.