La dirección del camino trazado el sábado por el presidente Milei sobre la relación gubernamental con el campo es en sí misma más significativa de lo que pudieron haber sido las rebajas anunciadas en las retenciones que estaban vigentes.
El hecho de que haya caracterizado como “permanentes” reducciones que habían regido de forma temporaria entre el 30 de enero y el 30 de junio últimos otorgó a sus palabras, en efecto, el fundamento más firme para que el discurso del acto inaugural de la 137ª Exposición Rural de Palermo fuera coronado con los aplausos sostenidos de la concurrencia. La expresidenta Cristina Kirchner no pudo con su envejecida visión ideologizada y desafió, en cambio, a Milei desde la prisión domiciliaria en que se halla por graves actos de corrupción pública. Dijo, en alusión a aquella decisión, que aquel “gobierna para los más ricos”.
El Partido Justicialista opinó, sin embargo, con la firma de su secretario de Asuntos Agrarios, el exministro Julián Domínguez, que el Presidente estaba tratando de enmendar el daño que había hecho a los productores.
Fue un contrapunto notable desde la perspectiva de lo que hoy representa esa facción política, asociada en sus orígenes a la congelación de arrendamientos que perduraron por 30 años y llevaron a la venta forzosa de muchos campos a precio vil, mientras otros se expropiaban y dividían en parcelas que en muchos casos violentaban, además, el concepto productivo de unidad económica. Por si fuera poco, a través del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI) el Estado se apoderó en los dos primeros gobiernos de Juan Perón del comercio exterior y reguló por su cuenta los precios que debían recibir los productores por el esfuerzo y la utilización de sus bienes. El peronismo retrasó así por décadas la evolución y el aggiornamiento del campo.
Otras curiosidades más de la peculiaridad argentina respecto del campo podrían extraerse de lo que sucedió en el predio palermitano. Si un productor rural extranjero hubiera llegado de visita a la muestra desprovisto de conocimientos sobre la alevosía de los antecedentes que han castigado sistemáticamente las actividades agropecuarias, no habría comprendido el entusiasmo de la gente por los anuncios presidenciales. Entre las novedades principales figuraron la reducción relativa de los derechos de exportación: para las carnes, del 26%, y para los granos, del 20%.
Esto comportó que las deducciones de los precios de venta para las primeras descendieran del 6,75% vigente hasta el sábado al 6%, y, en el caso de los granos, las bajas fueran, para la soja, del 33% al 26%, y para el maíz, el sorgo, el trigo y la cebada, del 12% al 9,5%. Estos dos últimos cultivos ya estaban “beneficiados” con una quita temporal hasta marzo de 2026. Los derechos de exportación (DEX) sobre el girasol bajaron del 7,5% y 7%, según tipo de la especie, al 5,5% y 4%.
Alguien que hubiera estado próximo a aquel imaginario productor extranjero podría haberle explicado, tomando solo el ejemplo de la soja, que si hasta el discurso presidencial de cada tres camiones que salían con carga de la cosecha de un establecimiento agropecuario, uno era, hasta el sábado, para el Estado argentino, ahora la exacción será algo más benévola: en lugar de esperar la salida de tres camiones, el Estado deberá tener la paciencia de aguardar la salida de cuatro camiones para quedarse con uno. Aun así sigue constituyendo una enorme exacción.
Después, el Estado pondrá la mano sobre los restantes camiones: se apoderará de esa carga remanente, a menudo, de otro 35% más en concepto del llamado impuesto “a las ganancias”, sin que en eso concluya su tarea depredadora: aplicará, además, tasas o gabelas de todo tipo, en comunión con provincias y municipios, hasta armar una estructura impositiva de las más gravosas y complejas del mundo.
Aun así, la concurrencia a Palermo aplaudió, sin violentar ninguna lógica, al Presidente en función del contexto que precedió a los anuncios. Un extranjero recién llegado al país podría haberse asombrado por el entusiasmo de las tribunas, no quienes han padecido el extraño fenómeno, en tan lento proceso de disipación y desconocido por completo en tantísimas partes de Occidente, de abierta discriminación y enfrentamiento con el campo. Tales sentimientos, extraños fuera de la Argentina, han sido encarnados por franjas de la política y, digámoslo con franqueza, también por sectores sociales reacios a admitir que si el campo sufre, con él sufre por igual la sociedad en su conjunto.
El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, dejó, por su parte, en su discurso del sábado una definición indiscutible. Estuvo orientada a develar implícitamente a quiénes imputa el campo el proceso que ha derivado en la pérdida de competitividad del agro en relación con el de otros países: “Si algo tenemos en claro –dijo a meses de las elecciones que se avecinan–, es que ‘no queremos volver atrás’”. Pudo haber sido más explícito todavía, pero todos entendieron que sus palabras referían al pasado de políticas estatizantes y de ahogo a las actividades privadas que promovieron sucesivos gobiernos populistas teñidos por consignas de izquierda.
Así las cosas, el eco que siguió en Palermo a los anuncios de Milei no ahogó un sentimiento generalizado en el campo: las retenciones a las exportaciones del que es, a pesar de todos los obstáculos interpuestos a su creatividad e innovación, el sector más dinámico de la economía argentina deben cesar por entero cuanto antes sea posible. No solo por su carácter confiscatorio para el campo; también porque actúan en sus efectos finales en desmedro del interés general del país.