Este miércoles, el Ministerio de Economía tuvo que salir a ofrecer tasas de interés superiores al 76% anual (4,83% mensual) para poder renovar los vencimientos de la deuda en pesos. La cifra es brutal: un costo financiero que casi triplica la inflación esperada y con encajes bancarios altísimos que presionan a los bancos a comprar bonos. En un contexto de fuerte volatilidad e incertidumbre política, la estrategia del gobierno fue apelar a cualquier herramienta disponible para seguir sosteniendo la cotización atrasada del dólar, pero lo único que logra es patear la pelota para adelante y agravar el problema.
La licitación de deuda en pesos, la última relevante antes de las elecciones bonaerenses, mostró hasta dónde llega la desesperación oficial: se adjudicaron $7,67 billones sobre un total de ofertas de $8,3 billones, logrando una refinanciación del 114,66% de los vencimientos y absorbiendo $700.000 millones en términos netos. La refinanciación (roll over), conseguida apenas disimula el trasfondo: en las últimas operaciones de este tipo, el gobierno ya se venía quedando corto, sin cubrir todos los vencimientos.
La suba de tasas no es casual: el Banco Central tuvo que elevar los encajes bancarios –el porcentaje de los depósitos que los bancos deben mantener inmovilizado– por encima del 50%, el nivel más alto en 30 años. Permitió que parte de esos encajes se integren con títulos públicos, una jugada de apuro para obligar a bancos y fondos a comprar los bonos estatales y así asegurar el “roll over” de la deuda. Pero ni aún así se evitó la presión sobre las tasas.
El riesgo país volvió a subir. Según JP Morgan, el índice saltó a 850 puntos, alcanzando máximos desde abril y reflejando la desconfianza de los mercados en la capacidad del gobierno para sostenerse. Las acciones líderes en la bolsa local se derrumbaron, con caídas de hasta 6% en empresas como Comercial del Plata, Loma Negra o Metrogas. El Merval, medido en dólares, acumula un retroceso del 31,7% en el año.
La fragilidad económica se agrava por la debilidad política de Milei, jaqueado por el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El propio ex funcionario Diego Spagnuolo reconoció que se cobraban coimas a laboratorios proveedores y que esas “cometas” iban a parar a la Secretaría General de la Presidencia, es decir, a Karina Milei. El gobierno, lejos de dar explicaciones, se refugia en provocaciones y promesas de sumarios internos, mientras la desconfianza crece en todos los frentes.
Ganancias millonarias para los bancos, ajuste brutal para los jubilados
Mientras la economía real se hunde, los números de la bicicleta financiera baten récords. Sólo en julio, los intereses de la deuda interna con bonos capitalizables como las Lecap llegaron a $17,8 billones, cuatro veces el gasto total en jubilaciones. Los intereses acumulados en lo que va del año ya superan los U$S 40.947 millones, una verdadera estafa que llena de plata a los bancos y fondos especulativos a costa del hambre y la miseria de los sectores populares.
La perversidad del modelo queda expuesta: mientras Caputo y Milei repiten que “no hay plata” para las jubilaciones y vetan cualquier mejora mínima, destinan casi el 3% del PBI al pago de intereses de deuda y permiten que las 400.000 personas más ricas del país paguen menos impuestos. El ajuste cae con todo sobre los jubilados y los sectores más vulnerables, mientras la recaudación se derrumba y la economía real sigue estancada.
Esta bola de nieve de deuda sólo beneficia a los especuladores y a los bancos, mientras la clase trabajadora y los jubilados son quienes pagan la fiesta. Es urgente terminar con esta estafa. Es necesario nacionalizar la banca bajo control de sus trabajadores, cortar con el negociado de los bancos y poner el ahorro nacional al servicio de créditos accesibles para los trabajadores, pequeños comerciantes y sus familias. Hay que enfrentar el ajuste de Milei y Caputo con organización, movilización y una salida de fondo desde abajo, para terminar con el saqueo y recuperar todo lo perdido.