La líder de la Coalición Cívica Lilita Carrió pidió este viernes al juez federal Ariel Lijo la declaración indagatoria del ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, su mano derecha, Roberto Baratta y el exviceministro de Economía y actual gobernador Axel Kicillof y del ex procurador general de Tesoro Carlos Zannini, en la causa por irregularidades en la reestatización de YPF.
En un escrito, firmado en su calidad de abogada, Carrió entregó una copia entre el acuerdo entre empresas del grupo Petersen de España y una firmada de Burford de 2015 que es la base de la causa que instruye la jueza de Nueva York, Loretta Preska, quien ordenó que YPF entregue el 51 por ciento de sus acciones a ese fondo buitre.
Además, sugirió a Lijo que libre un nuevo oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, en relación al estado de trámite del exhorto librado al Reino de España el 12 de febrero de 2019 sobre la forma que Burford compró la quiebra de las empresas de Eskenazi.
Luego de hacer un racconto de las ampliaciones de denuncias que viene haciendo en la causa del juez Lijo desde 2006, Carrió afirmó que como viene señalando “desde hace años, detrás de Repsol se encontraban intereses de poderosos grupos financieros, entre ellos La Caixa y Banco Santander, así como vínculos con el gobierno español del Partido Popular”.
Entre los años 2008 y 2011, en el marco de una relación política “estrecha” entre el gobierno argentino y la empresa española Repsol, “se concretó una operación de transferencia de un 25% del capital accionario de YPF S.A. al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi”.
“El financiamiento íntegro de la adquisición accionaria por parte del Grupo Petersen fue sostenido sobre una proyección irreal y abusiva de distribución de dividendos futuros, con garantía cruzada otorgada por la propia Repsol”, agregó.
Eso, subrayó Carrió, “constituye una estructura típicamente fraudulenta, que no podría haberse sostenido sin la anuencia del gobierno nacional de entonces, que permitió e incluso promovió dicha ingeniería financiera en perjuicio del interés público”.
Lo cierto es que la salida de Repsol de YPF ya estaba decidida de antemano por al ex presidenta Cristina “y el único desacuerdo era cuánto debía cobrarse por ella, sin que se analizara con seriedad la responsabilidad previa del vaciamiento, los daños estructurales causados al patrimonio energético nacional ni toda la operatoria fraudulenta que había permitido el ingreso del Grupo Petersen”.
A criterio de Carrió todos estos hechos se encuentran sobradamente acreditados en la causa y “el dolo de sus conductas surge como evidente y sus responsables debieran ser llamados a prestar declaración indagatoria sin más dilaciones, considerando la gravedad institucional del caso, para que brinden explicaciones sobre todos los actos por los que han sido imputados desde hace casi 20 años”.
Recordó que el ex Procurador General del Tesoro de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías, había impulsado en el juzgado de Nueva York “una estrategia procesal orientada a promover instancias de Discovery (recolección anticipada de pruebas) respecto de los beneficiarios reales detrás de los fondos litigantes”. Precisamente, la semana pasada el fiscal Ramiro Gonzalez solicitó comprobar qué pasó con el proceso Discovery.
“Esta omisión no solo implicó el abandono de una herramienta procesal idónea para identificar a los beneficiarios finales de los reclamos indemnizatorios contra el Estado argentino, sino que podría configurar una conducta jurídicamente reprochable en tanto compromete los deberes de diligencia y defensa del patrimonio público a cargo del Procurador del Tesoro”, agregó.
La parte de la historia que faltaba documentar en la causa, “surge de la firma del contrato de compra de derechos litigiosos por parte de Burford Capital, vía Prospect Investments, celebrado en España el 4 de marzo de 2015 con Petersen Energía y Petersen Inversora, del grupo Eskenazi”.
“La clave surge del propio texto del acuerdo que se adjunta en copia simple, que establece que Prospect Investments LLC, sociedad vinculada al fondo Burford Capital, asume la financiación y conducción del reclamo judicial iniciado contra la República Argentina en los tribunales de los Estados Unidos”, subrayó Carrió.
La ex diputada sostuvo que el acuerdo suscripto en 2014 por Repsol con “el Estado argentino por casi USD 10.000 millones (entre capital e intereses), y luego, indirectamente, a través de su posición como acreedor en la quiebra de Petersen, que le permitiría capturar hasta USD 4.000 millones más en caso de ejecutarse la sentencia de Preska”.