Por iniciativa del gremio de la Unión del Personal Superior de la AFIP (UPSAFIP), que conduce el dirigente de las 62 Organizaciones Peronistas, Julio Estévez (h), senadores y diputados nacionales se sumaron a las protestas que realizaron sindicalistas e intendentes de varias localidades del interior del país por el cierre de 100 sucursales de ARCA, ex AFIP, que complican la vida de los contribuyentes que perdieron las oficinas donde realizar reclamos o trámites de manera personal.
Como ejemplo puede citarse el caso de una provincia. Córdoba. Si se cierran sucursales en Villa Dolores, Marcos Juárez, Corral de Bustos, Cruz del Eje, Jesús María, Villa General Belgrano, Río Tercero y Huinca Renancó, como ya se hizo, todos los ciudadanos que necesiten realizar trámites presenciales en la oficina nacional que reemplazó a la AFIP, deberán dirigirse a Córdoba capital, con los inconvenientes que trae semejante traslado.
ARCA, ex AFIP, en el ojo de la tormenta: cierre de dependencias y despidos de cientos de trabajadores
Desde luego que las autoridades nacionales hacen hincapié en que todos los trámites de ARCA pueden realizarse a distancia, de manera on line, por lo que la cuarta revolución industrial y los cambios digitales traerían como efecto el cierre de dependencias y el despido o pase a disponibilidad de cientos de trabajadores nacionales.
Sin embargo, el contribuyente argentino y los contadores suelen realizar trámites presenciales y no parece ser una opción, en muchos casos, que todos los requerimientos impositivos se resuelvan mediante internet. La motosierra corta toda posibilidad de contacto humano entre el recaudador y el contribuyente y para muchos intendentes se trata de un verdadero despropósito del gobierno de Javier Milei, obsesionado con el ahorro estatal que solo trae más gasto al sector privado de la economía.
Consciente de ello, un intendente de la provincia de Río Negro, expresó con reserva a iProfesional, que “no entiendo lo que está haciendo Sturzenegger. Porque esta motosierra sobre la ex AFIP viene de Casa Rosada y no tanto de Juan Pazo, nombrado administrador por designio del ministro Luis Caputo. Es ridículo este achique. Voy a reunirme con veinte intendentes más para realizar una presentación al gobierno ofreciéndoles las instalaciones de las municipalidades que se plieguen para que los funcionarios públicos de ARCA atiendan en una dependencia nuestra. Yo les pongo la oficina, la internet, un lugar para atender al público con tal de solucionarle los problemas a los vecinos”.
Desde el gremio que puso en alerta esta situación, Julio Estévez (h) afirmó que los reclamos nuestros no son, solo, de índole salarial “sino que observamos el desmantelamiento de la ex AFIP y el maltrato de los trabajadores que sostienen la recaudación del Estado Nacional de parte de la administración de Javier Milei“.
“Ahora bien, esta decisión de cerrar decenas de delegaciones provinciales es una locura más de los que defienden la motosierra que afecta, de manera exclusiva, a los contribuyentes y a los inspectores de cada localidad con los que se resolvían problemas de manera rápida en un país que siempre los tiene”, explicó Estévez.
En San Luis, otra delegada sindical, Flavia Pagliaricci, afirmó al diario local Puntal que la medida de ARCA afecta a más de un centenar de trabajadores y a toda la población que produce y trabaja. Para Pagliaricci es “un ataque directo al interior productivo del país”, además “los trabajadores no saben que va a pasar con su futuro laboral y hay mucha incertidumbre en sus familias y los contribuyentes tendrán que recorrer muchos kilómetros para hacer los trámites impositivos”.
Diputados y senadores nacionales protestaron por la situación generada por ARCA, ex AFIP
El gremio de la UPSAFIP logró lo impensado: juntar las firmas de dirigentes del PRO, del peronismo, de la UCR, y hasta de libertarios que hoy conformaron sus propias bancas en Diputados. Legisladores que tienen que dar cuenta en sus localidades por los desastres que produce una motosierra descontrolada en uno de los organismos, autárquicos, más sensibles que tiene la administración nacional.
Desde Miguel Ángel Pichetto y Christian Ritondo a Marcela Pagano, Carlos D’Alessandro y Oscar Zago en Diputados hasta los senadores Fernando Rejal, del peronismo, y Fernando Salino, del radicalismo, entre varias firmas de legisladores nacionales se unieron para suscribir una carta exigiendo explicaciones al administrador de ARCA, Juan Pazo y a las autoridades económicas.
Por su parte, el sindicato conducido por Julio Estévez (h); Mariana de Alva; Ricardo Prado y María Laura Struba, realizó una presentación oficial ante las autoridades para solicitar la “suspensión de la disolución de las dependencias del interior”.
Se reclamó una “prórroga por 90 días la resolución 36/2025 por la que se eliminaron casi un centenar de áreas del interior” y fundó el pedido en que los ciudadanos y trabajadores de esas dependencias están “muy preocupados” porque “no tienen acceso a una distancia prudente a otra oficina” de ARCA para cumplir tareas.
Por eso, le solicitaron a Pazo una audiencia “urgente” para frenar la medida “inconsulta” y presentar “propuestas alternativas”. Pazo, por el momento, realiza un profundo silencio de radio, aguardando por órdenes desde la Casa Rosada.