El Gobierno tiene a la firma un decreto que modificará la estructura de la IOSFA, la obra social de los militares que que en los 2 años de administración de Javier Milei se ha cargado a dos directores y ha quedado envuelta en varias polémicas por el rojo de más de $150 mil millones. La nueva normativa le cambiaría el nombre a la entidad, excluiría de la cobertura a los gendarmes y prefectos -que volverían a la órbita del ministerio de Seguridad-, pero podría incluir un apartado polémico: aumentar los aportes de los uniformados, incluyendo los suplementos que cobran por especialidad o zona inhóspita– para intentar paliar la crónica crisis financiera de la prestadora de salud.
A fin de año, según pudo confirmar este diario, se produjo una reunión en las oficinas del piso 11 del Edificio Libertador del general Carlos Presti, ministro de Defensa, cuando recibió a un grupo de coroneles retirados, al mando del coronel (R) Ariel Guzmán –que había abandonado la entidad en noviembre de 2024 con la renuncia del ex director Oscar Sagás y había tenido un paso por el Hospital Militar Central durante el gobierno de Alberto Fernández-, para dialogar “sobre la nueva IOSFA” y el involucramiento de la “familia militar” en su funcionamiento. Es que durante el mandato del ex ministro Luis Petri -y en rigor, desde antes también- fue cuestionada la conducción “por políticos” de la quinta obra social del país, que atiende a más de 550 mil afiliados.
Según indicaron fuentes oficiales consultadas, el mentado decreto se encontraría bajo análisis de la secretaría de Legal y Técnica, que conduce María Ibarzabal Murphy bajo la sombra de Santiago Caputo. El texto plantea, entre otras cuestiones, el retiro de la cobertura a integrantes de Prefectura y Gendarmería, unos 170 mil, que regresarían a la órbita de Seguridad y tal como anunciaron desde esa cartera, podrían tener cobertura a través de convenios con prepagas.
Para los uniformados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea -activos y retirados y sus familiares- se crearía una obra social “exclusiva”, con otro ordenamiento al tiempo que habría un entendimiento con Economía para poder hacer frente a la abultada deuda.
Pero hay un tema antipático que sobrevuela la reforma: al parecer, los coroneles retirados que se reunieron con Presti pretenden aumentar las contribuciones de los afiliados -hoy destinan el 6% de su salario- para la obra social e incluir en los descuentos el pago de los suplementos.
En el Edificio Libertador aducen que esta última percepción estaba autorizada por el decreto de 2013 que había creado la obra social pero que nunca se aplicó teniendo en cuenta los bajos salarios de los uniformados, algo que se agravó en el gobierno de Milei, que también anuló las últimas 2 cuotas de la equiparación salarial con las fuerzas de seguridad, que se puso en marcha en la gestión del ex ministro Jorge Taiana, en 2023.
De concretarse, esta enmienda no sólo acrecentaría el malhumor de los uniformados sino que iría en contra del espíritu de la reforma laboral que el Ejecutivo envío al Congreso, que reduce del 6 a 5% las contribuciones patronales que van al sistema de Salud.
“La única manera de financiar la obra social es aumentando los sueldos. Hoy los afiliados aportan 6% y el ministerio un 8%”, dispara un jefe militar, que descree que se pueda avanzar en la citada propuesta. “Plata para nuevos aumentos no hay”, desliza, resignada, una calificada fuente castrense consultada. Mientras tanto, se siguen acumulando quejas por las deficiencias en la prestación de servicios médicos a los afiliados de la IOSFA.
En caso que se oficialicen los cambios en la estructura, quedaría un ente residual para administrar al actual padrón de afiliados. También quedará en estudio la composición del nuevo directorio de la nueva obra social, a la que podría dirigir el actual gerente: el general retirado Sergio Maldonado, que también tuvo un paso por el Hospital Militar ubicado en el barrio de Belgrano.